Desde el comienzo de la crisis, la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones no ha dejado de caer. Basta con mirar los datos que nos aporta cada mes el barómetro elaborado por el CIS para que nos demos cuenta de que la cosa «no tira». La falta de confianza ciudadana, que hasta hace unos años era relativamente baja, es cada vez mayor y afecta a instituciones y organismos que hace unos años disfrutaban de unos índices de aprobación envidiables.
El descrédito de la política, nuestra depauperada economía y los escándalos empresariales (al más puro estilo Enron) no hacen más que dañar la tan cacareada «Marca España».
Por todo ello, no resulta extraño desayunar con la noticia de que en nuestro país hay más de un millón de autónomos en la sombra. Si a la crueldad de la crisis económica, sumamos las dificultades propias de cualquier autónomo, podremos entender que el panorama no invita a ser, precisamente, un ciudadano responsable.
De todos modos, si hay algo realmente positivo en esta crisis, es el surgimiento de una nueva clase empresarial, joven y dinámica. Esta generación de emprendedores, autónomos y empresarios no requieren de una gran infraestructura ni de una abultada nómina. Sus máximas son la perseverancia, el talento y la ilusión. La crisis ha empujado a muchos hacia esta nueva vía de autoempleo y el panorama emmpresarial y laboral está cambiando rápidamente.
Es por ello que considero esencial la futura Ley del Emprendedor. Hasta el momento, los decretos aprobados por el Consejo de Ministros han sido positivos, pero a mi modo de entender, insuficientes. Considero que debería potenciarse una nueva figura societaria, a caballo entre el autónomo y la Sociedad Limitada, con entidad jurídica propia pero sin los requisitos legales y administrativos de una SL al uso (razón por la cual el tiempo de espera para crear un negocio en España es tan largo).
Esta ley ha de nacer, en cualquier caso, con un amplio consenso institucional, no ya entre las fuerzas políticas, sino también de las patronales y círculos empresariales. De tal modo, se generará un nuevo marco normativo, que encauce las necesidades reales de este colectivo, favoreciendo fuertes incentivos y bonificaciones, que ayuden al emprendedor durante los primeros años de vida de su negocio, críticos para la pervivencia de su idea.
Sin un ecosistema legislativo realmente sensible a esta realidad, será muy dificil evitar que esa cifra de 1 millón de autónomos en la sombra siga creciendo y que nuestros ciudadanos puedan creer en las insituciones que los gobiernan. Además, en ello no está la perviviencia de unos pocos, sino el futuro de una generación.
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