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Agravio crediticio a la pequeña empresa

Que la restricción del crédito se instaló en España cuando estalló la burbuja no sorprende ya a nadie. La dificultad de acceso al crédito resulta acuciante, pero lo que nos resulta más significativo es el reparto de esa restricción entre los diferentes agentes.

El saldo vivo de crédito a empresas ha caído en España un 20% desde 2008, pero mucho más grave que ello, es el hecho de que la concesión de nuevos créditos ha descendido más de un 40% respecto al inicio de la crisis. Las estadísticas del Banco de España no permiten discriminar por tamaño de empresa, pero sí por volumen de préstamo concedido, distinguiendo entre mayores o menores de un millón de euros. Tomando la segunda cifra como la representativa de la actividad de PYMES, la nueva financiación disponible para dicho tipo de empresas habría caído cerca de un 60% (frente al 30% de caída en los préstamos de mayor dimensión, destinados a la gran empresa.

Complementariamente, no sólo el volumen concedido se reduce, sino que se incrementan los tipos de interés a los que se presta este dinero a empresas de reducida dimensión. Históricamente, la situación era la siguiente: el crédito a la pyme era el más caro, el de la gran empresa el más barato, y en un punto intermedio los préstamos para compra de vivienda (por tomar una referencia común). Ahora bien, analizando la siguiente gráfica vemos que la situación se ha polarizado en contra de las pequeñas empresas.

creditos pymes

 

Ahora, si analizamos estos datos en paralelo (tal y como recomienda Ángel Berges hoy en El País), podemos ver que la situación es mucho más lógica: la brecha entre gran empresa y PYME no se ha incrementado, y lo que es más significativo: la financiación de los hogares se halla más cerca del de las PYMES que de la gran empresa.

credito alemania

De estos datos, podemos extraer alguna conclusión interesante: teniendo en cuenta que los precios de acceso al crédito a la gran empresa los tomamos como “eficiente” el mercado bancario minorista tiene bien unos costes de acceso a la vivienda o bien muy bajos o una gran barrera de inversión para las PYMES.

Otra opción sería que los costes de financiación para la gran empresa en España sean excesivamente reducidos, pero eso quizá sea mejor comentarlo en otro post…

 

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¿Cómo afectan las ayudas a la competencia entre empresas?

La ayudas y subvenciones públicas a empresas por parte de la administración suponen, sin ningún género de dudas, una fuente inevitable de distorsión económica.

Más allá de los objetivos de interés público que puedan existir, resulta imposible aislarse de una realidad que en España tiene fuerte arraigo: la relación entre el poder empresarial y el político. La concesión de ayudas, subvenciones y créditos a según que empresas o instituciones suponen un problema para las políticas de competencia en una economía de libre mercado como la nuestra.

En el año 2011, por poner un ejemplo, España destinó a ayudas públicas directas cerca de 13.183 millones de euros, lo que representa un 1,25€ del PIB nacional. De esa cantidad, casi un 945 corresponden a industria y sector servicios, mientras que un 5% corresponden al sector agropecuario y un 1% a transportes.

Pese a todo, el caso más abrumador se produjo en el sector bancario: desde el inicio de la crisis en el año 2008, ha recibido cerca de un 55% del PIB generado por todo el país en un año (cerca de 819.500 millones de €). ¿Cual ha sido el destino de este dinero? Principalmente:

  • Medidas de financiación: préstamos (364.000 M€) y avales financieros (75.000 M€)
  • Medidas de capitalización: inyecciones directa de capital por cerca de 56.000 M€ y esquemas de protección de activos por 25.000 M€.

¿Cómo ha afectado esto al mercado financiero nacional? 

Dada la situación de debilidad de muchas cajas y bancos, se han producido en dos fases procesos de integración bancaria, con el fin de aunar activos y generar sinergias. La pregunta es: ¿cómo ha afectado esto a la competencia en el sector?

Paradójicamente, se ha producido un incremento del poder de mercado de las grandes entidades en un mercado que ha reducido considerablemente su tamaño. Contrariamente a estos datos, la pasada semana el Secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez-Latorre, afirmó que la la competitividad en el sector no se ha visto mermada y que no existe una situación de oligopolio.

Lo que la teoría económica más elemental afirma (leer a Porter es deber de cualquier estudiante de 1º de Economía) es que a menor número de oferentes y la existencia de barreras de entrada a nuevos competidores, la competencia entre compañías se reduce.

Por tanto, podemos afirmar que la intromisión de fondos públicos (que por un lado pueden estar justificadas) puede suponer un agravio comparativo entre las empresas y administradores que realizan su trabajo de modo diligente y las que no. El problema reside en el modo en que se otorgan estas ayudas y a quién benefician finalmente: puede darse la situación (como ya se ha dado) de que una subasta de una entidad nacionalizada provoque una merma en el grado de competencia en un determinado territorio. 

En esa situación podemos entender la actual contracción del crédito bancario a PYMES y particulares, las entidades ahora buscan sanear sus cuentas y protegerse de potenciales ataques del sector, por lo que el beneficio final para el ciudadano se diluye.

Enumerado todo esto, ¿podemos afirmar que las ayudas son “buenas” para la competencia y por extensión para el ciudadano de a pie?