¿Cómo afectan las ayudas a la competencia entre empresas?

La ayudas y subvenciones públicas a empresas por parte de la administración suponen, sin ningún género de dudas, una fuente inevitable de distorsión económica.

Más allá de los objetivos de interés público que puedan existir, resulta imposible aislarse de una realidad que en España tiene fuerte arraigo: la relación entre el poder empresarial y el político. La concesión de ayudas, subvenciones y créditos a según que empresas o instituciones suponen un problema para las políticas de competencia en una economía de libre mercado como la nuestra.

En el año 2011, por poner un ejemplo, España destinó a ayudas públicas directas cerca de 13.183 millones de euros, lo que representa un 1,25€ del PIB nacional. De esa cantidad, casi un 945 corresponden a industria y sector servicios, mientras que un 5% corresponden al sector agropecuario y un 1% a transportes.

Pese a todo, el caso más abrumador se produjo en el sector bancario: desde el inicio de la crisis en el año 2008, ha recibido cerca de un 55% del PIB generado por todo el país en un año (cerca de 819.500 millones de €). ¿Cual ha sido el destino de este dinero? Principalmente:

  • Medidas de financiación: préstamos (364.000 M€) y avales financieros (75.000 M€)
  • Medidas de capitalización: inyecciones directa de capital por cerca de 56.000 M€ y esquemas de protección de activos por 25.000 M€.

¿Cómo ha afectado esto al mercado financiero nacional? 

Dada la situación de debilidad de muchas cajas y bancos, se han producido en dos fases procesos de integración bancaria, con el fin de aunar activos y generar sinergias. La pregunta es: ¿cómo ha afectado esto a la competencia en el sector?

Paradójicamente, se ha producido un incremento del poder de mercado de las grandes entidades en un mercado que ha reducido considerablemente su tamaño. Contrariamente a estos datos, la pasada semana el Secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez-Latorre, afirmó que la la competitividad en el sector no se ha visto mermada y que no existe una situación de oligopolio.

Lo que la teoría económica más elemental afirma (leer a Porter es deber de cualquier estudiante de 1º de Economía) es que a menor número de oferentes y la existencia de barreras de entrada a nuevos competidores, la competencia entre compañías se reduce.

Por tanto, podemos afirmar que la intromisión de fondos públicos (que por un lado pueden estar justificadas) puede suponer un agravio comparativo entre las empresas y administradores que realizan su trabajo de modo diligente y las que no. El problema reside en el modo en que se otorgan estas ayudas y a quién benefician finalmente: puede darse la situación (como ya se ha dado) de que una subasta de una entidad nacionalizada provoque una merma en el grado de competencia en un determinado territorio. 

En esa situación podemos entender la actual contracción del crédito bancario a PYMES y particulares, las entidades ahora buscan sanear sus cuentas y protegerse de potenciales ataques del sector, por lo que el beneficio final para el ciudadano se diluye.

Enumerado todo esto, ¿podemos afirmar que las ayudas son “buenas” para la competencia y por extensión para el ciudadano de a pie?

 

 

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